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Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Escándalos reales: el rey Juan Carlos y la muerte de su hermano

Amadeo Martínez Inglés acusa al rey nombrado por Franco en España como el Caín de su hermano Alfonso.

El dictador tirano gallego Francisco Franco, luego de eliminar al legítimo gobierno español de la II República y dejar un tendal de aproximadamente 1.000.000 de muertos españoles y luego de ejercer una dictadura de culto a sí mismo durante 40 años, deja instalado en el el poder al actual rey Juan Carlos, del linaje de los Borbón. Su padre Juan es excluido y su hermano Alfonso muere en lo que para la historia oficial fue un accidente, pero que ahora se empieza a cuestionar. Martínez Inglés encabeza estos cuestionamientos que recoge el canal Discovery Channel:



http://www.youtube.com/watch?v=zDVth72vb6k   Escandalos Reales - Juan Carlos de España - 1 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=4mXLokqkoXg  Escandalos Reales - Juan Carlos de España - 2 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=RBRXpLMx8jA  Escandalos Reales - Juan Carlos de España - 3 de 3

Postal con Hitler, Franco y Musolini

Postal de la 2º Guerra; Franco estaba aliado con Hitler y Musolini.

Las mismas tres banderas pueden verse en la películo Ay Carmela !

141008 - Portugal accede al pedido de Martínez Inglés

110908 - Sobre la muerte ¿ accidental ? dudosa del infante Alfonso de Borbón, hermano del Rey Juan Carlos

Don Amadeo Martínez Inglés, ciudadano español, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a su autoridad como primer defensor de la ley y máximo garante del Estado de derecho en la nación portuguesa, manifestándole lo siguiente:

       Sobre las 20,30 horas del día 29 de marzo de 1956 se produjo en el domicilio del ciudadano español, don Juan de Borbón, pretendiente al trono de España, sito a la sazón en la finca denominada "Villa Giralda" de Estoril (Portugal), la muerte en extrañas circunstancias de su hijo menor, don Alfonso, por un disparo en la cabeza procedente de una pequeña pistola propiedad de su hermano mayor, don Juan Carlos.

       Este desgraciado hecho enseguida sería catalogado como un mero accidente por parte del Gobierno dictatorial del general Franco, a través de una Nota de su legación diplomática en Lisboa, consiguiendo de las autoridades portuguesas del momento (sometidas a una férrea dictadura de corte similar a la española) que, en contra de las leyes y procedimientos de actuación propios de un Estado moderno y civilizado, no se abriera ninguna investigación al respecto, no intervinieran en el esclarecimiento de lo sucedido la policía judicial portuguesa y los médicos forenses, y que, por lo tanto, ningún juez imparcial pudiera pronunciarse sobre un luctuoso episodio que, sin ninguna duda, iba a influir decisivamente sobre la España del futuro. Y que a partir de entonces pasaría, por decisión conjunta de los Gobiernos totalitarios de ambos países ibéricos, a las cavernas de la censura y el olvido, sobre todo en España en la que el oscuro homicidio sería declarado secreto de Estado tanto para los medios informativos del país como para la clase política y ciudadanía en general.

Han pasado más de cincuenta años, señor fiscal general, y las circunstancias que rodearon aquélla extraña muerte siguen sin aclararse adecuadamente. Permanece inmersa todavía en los entresijos de la historia y del secreto de Estado. Hasta el momento muy pocos (por no decir ninguno) han sido los historiadores e investigadores españoles o portugueses que se han atrevido a estudiarla adecuadamente tratando de desentrañar el misterio que rodea un hecho tan extraño, declarado a priori y sin ningún rigor jurídico como accidente fortuito, que evidentemente nunca lo fue y que, por lo menos, conllevaba las responsabilidades anejas a un delito de homicidio por imprudencia (el causante de la muerte era en aquellos momentos un profesional del Ejército español, alumno de la Academia General Militar con más de seis meses de instrucción militar intensiva y experto, por lo tanto, en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles) y con toda probabilidad, dados los indicios racionales que se desprenden de las investigaciones realizadas por el historiador que redacta el presente escrito, las infinitamente más graves del fratricidio premeditado.

       El que esto escribe, militar español e historiador, obviamente, sí se ha atrevido, señor fiscal general del Estado portugués, a estudiar e investigar durante muchos años el oscuro hecho delictivo que comentamos en el marco de un exhaustivo trabajo histórico sobre la figura personal y política del heredero de Franco a la jefatura del Estado español, a título de rey, Don Juan Carlos de Borbón, y que contempla, tanto las irregularidades cometidas en su ya largo reinado (algunas de ellas graves y presuntos delitos que ya han sido puestos en conocimiento del Congreso de los Diputados y Gobierno español para que se constituya con urgencia una Comisión parlamentaria que los depure y obre en consecuencia) como sus impresentables avatares juveniles, entre los que sobresale el sospechoso homicidio cometido en la persona de su hermano menor, don Alfonso de Borbón, aspirante como él al trono de España e hijo predilecto de su padre, el conde de Barcelona. De mis investigaciones sobre este hecho, extraídas del mencionado trabajo histórico, procede el exhaustivo Informe que le remito adjunto.

Tras su lectura quedan bien patentes una serie de circunstancias (indicios racionales) que avalan la peor de las hipótesis sobre el supuesto accidente así como la falsedad de las posibles causas que lo propiciaron, tejidas en su día por el entorno familiar de Juan Carlos de Borbón para justificar lo injustificable.
 

Estas circunstancias son las siguientes:

1ª.- El autor del disparo que acabó con la vida del infante D. Alfonso no era ningún niño (como la información sesgada del Gobierno español del momento quiso hacer creer a los españoles sino un profesional del Ejército (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), con más de seis meses de instrucción militar intensiva y otros seis de instrucción premilitar.

2ª.- Era, por lo tanto, experto en toda clase de armas portátiles de las Fuerzas Armadas españolas.

3ª.- Conocía, en consecuencia, el manejo y uso en instrucción y combate de las citadas armas.

4ª.- Había realizado ejercicios de fuego real con todas ellas, con arreglo a la cartilla de tiro correspondiente a un caballero cadete de primer curso del citado centro de enseñanza castrense.

5ª.- En consecuencia, conocía el uso y manejo de las pistolas de 9 mms reglamentarias en las FAS españolas.

6ª.- Con mayor motivo debía conocer el uso y manejo de la pequeña pistola de 6,35 mms de la que era propietario y con la que había efectuado (la última vez, el día anterior al luctuoso suceso) numerosos disparos.

7ª.- Conocía asimismo los protocolos de actuación que marcan los reglamentos militares españoles para el uso, limpieza, desarmado, armado, equilibrado, preparación para el disparo...etc, etc, de cualquier arma portátil y en particular todas las precauciones que debe tomar un profesional de las armas antes de efectuar un disparo de instrucción o combate.

8ª.- Resulta inconcebible que todo un cadete de la AGM (un centro de enseñanza modélico en aquellas fechas), con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y con numerosos ejercicios de tiro realizados, no tomara las elementales medidas de seguridad (activación de los seguros de la pistola y comprobación de la recámara) antes de proceder a manipular su pistola en presencia de hermano.

9ª.- El pequeño proyectil de 6,35 mms, que difícilmente hubiera podido traspasar la bóveda craneal del desgraciado infante si el disparo hubiera seguido una línea de tiro directa hacia su cabeza, curiosamente buscó una anómala dirección de abajo a arriba para penetrar por sus fosas nasales y poder alojarse así sin ningún impedimento en su cerebro causándole la muerte instantánea. Algo que la casualidad no puede explicar de ninguna de las maneras por las prácticamente nulas posibilidades de que tal cosa pueda ocurrir en un disparo accidental. La previsible trayectoria del disparo resulta tan forzada y difícil que es manifiestamente improbable que el proyectil saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro sin influencia alguna del tirador.

10ª.- La pistola causante de la tragedia fue lanzada al mar por el padre del homicida, sin que la policía o los jueces portugueses pudieran examinarla, con lo que se hurtaba a la justicia una prueba fundamental.

11ª.- El homicida no prestó declaración ni ante la policía ni ante juez alguno, abandonando inmediatamente Estoril en un avión militar español rumbo a Zaragoza. Tampoco se presentó voluntariamente a las autoridades para relatar los hechos y asumir sus presuntas responsabilidades.

12ª.- La tesis oficial del accidente fortuito, propalada por las autoridades españolas, no puede sostenerse sin caer en el rubor más absoluto ya que el propio homicida en manifestaciones, tanto a su íntimo amigo Bernardo Arnoso como a su entorno familiar (la propia madre de Juan Carlos, Mª de las Mercedes, manifestaría después en sus Memorias que su hijo le dijo que "jugando apuntó a la cabeza de su hermano y disparó sin percatarse de que había una bala en la recámara"), admitió que fue él el que disparó sin comprobar negligentemente si la pistola estaba cargada. Por lo tanto, nada de accidente fortuito. Homicidio imprudente o asesinato premeditado. Ambas figuras tipificadas en el Código Penal de cualquier país civilizado.    

En resumen, señor fiscal general del Estado portugués, aquí de lo que se trata es de que, dejando de lado condicionamientos políticos y a pesar del tiempo transcurrido, un crimen, un presunto asesinato cometido en su país hace ahora cincuenta y dos años, no quede impune; sobre todo, después de las investigaciones que le presento en el Informe adjunto y de las que se derivan clarísimas responsabilidades penales para el ciudadano español que lo cometió: Juan Carlos de Borbón.

       Usted tiene, permítame que se lo recuerde desde el más profundo de los respetos, el deber moral y la responsabilidad profesional de, conocidos mis estudios, tomar las oportunas medidas judiciales en su país para que esto no ocurra. Un asesinato es uno de los crímenes más abyectos que un ser humano puede cometer y no debe quedar jamás sin el castigo correspondiente.

       Es por todo ello por lo que me permito solicitarle, a través del presente escrito, que interese de la instancia judicial de su país a la que corresponda, abra las oportunas investigaciones y los trámites necesarios para esclarecer el luctuoso hecho que estamos tratando y que se relata y analiza exhaustivamente en el  prolijo Informe que le remito.

Reciba, señor fiscal general del Estado portugués, mi consideración más afectuosa

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares (Madrid) a 8 de septiembre de 2008

. Carta al señor presidente del Gobierno
. Respuesta de la Secretaría personal del presidente

250808 - Nota del coronel Amadeo Martínez Inglés

       El pasado 4 de abril remití al presidente del Gobierno español, señor Rodríguez Zapatero, copia del escrito que con esa fecha envié al presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono (que ha sido ampliamente difundido a través de múltiples medios de Internet aunque la prensa convencional ha guardado un mutismo absoluto) y en el que hacía responsable al rey Juan Carlos de presuntos y graves delitos que, a mi juicio, debían ser prontamente investigados por las Cortes españolas. 

Hasta el momento el señor Bono no se ha dignado contestar al documento remitido, haciendo caso omiso de sus obligaciones constitucionales, pero sí el presidente del Gobierno que con fecha 22 de ese mismo mes de abril, y a través de la jefa de su Secretaría, acusó recibo tanto de mi carta como del documento que la acompañaba (el escrito acusatorio contra el monarca español).

Así pues, una vez en mi poder la constancia escrita de que el presidente del Ejecutivo conoce las gravísimas denuncias presentadas contra el rey Juan Carlos y, visto que el tiempo pasa sin que se alumbre decisión alguna al respecto ni por parte del Congreso ni por el del Gobierno de la nación (aunque me consta que el conocimiento de las mismas ha producido un auténtico revulsivo tanto en la ciudadanía como en políticos y expertos en derecho constitucional) me asaltan comprensibles dudas: ¿Qué hará ahora el señor Zapatero? ¿Instará al señor Bono a que promueva la creación de la solicitada Comisión de Investigación parlamentaria? ¿Se callará y mirará para otro lado ante la dimensión política del cataclismo institucional que podría desencadenar el asumir sin rodeos la verdad histórica que se desprende de las denuncias? ¿Seguirá sin hacer nada y dejará que su conmilitón en la presidencia del Congreso, el inefable señor Bono, haga lo propio, teniendo sobre la mesa abundantes indicios racionales que prueban que el actual rey de España (por decisión unilateral de un dictador genocida, no conviene olvidarlo) es un redomado golpista, pagador de chantajes sexuales con dinero de todos los españoles, terrorista de Estado por omisión de sus deberes constitucionales, corrupto donde los haya y presunto asesino de su hermano el infante D. Alfonso (el simple homicidio por imprudencia ya lo admitió en su día pero sin asumir sus claras responsabilidades penales).

En esas estamos amigos. El asunto no es baladí pues estamos hablando de la honorabilidad y credibilidad del jefe del Estado español. Revestido, además, desde hace treinta y dos años con el oropel franquista de una corona real ridícula y trasnochada. El que esto escribe, desde luego, no se va a quedar cruzado de brazos ante el mutismo de las instituciones (y de los medios de comunicación dóciles al poder) teniendo además, como tiene, el apoyo creciente de hombres del derecho y expertos constitucionalistas que no dudan de la legalidad y honestidad de sus pretensiones en el sentido de que el monarca español debe sentares ante una Comisión de Investigación parlamentaria que depure, con honestidad, profesionalidad y sentido de Estado, sus responsabilidades en los hechos ya ampliamente conocidos por la opinión pública (nacional e internacional). Y que después obre en consecuencia.

A continuación, y para general conocimiento, transcribo la misiva enviada al presidente del Gobierno y la suya de acuse de recibo.

Alcalá de Henares 25 de agosto de 2008

Fdo: Amadeo Martínez Inglés - Coronel del Ejército. Escritor. Historiador                                                    

Carta al señor presidente del Gobierno

Alcalá de Henares 4 de abril de 2008

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno español

Para su conocimiento remito a VE copia del escrito que con esta fecha, y de acuerdo a cuanto establece el artículo 77.1 de la Constitución española, elevo al Excmo. Sr Presidente del Congreso de los Diputados en solicitud de que se constituya en esa Cámara una Comisión de Investigación parlamentaria, con arreglo a lo estipulado en el artículo 76.1 del citado texto legal, que depure responsabilidades (políticas, históricas, penales..) en los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, Juan Carlos I, tanto en su ya largo reinado (23-F, GAL, malversaciones de fondos reservados...) como en la muerte de su hermano, el infante D. Alfonso de Borbón, hecho acaecido en Estoril el 29 de marzo de 1956.

Reciba, señor Presidente del Gobierno, un afectuoso saludo

Fdo: Amadeo Martínez Inglés

Carta de respuesta de la Secretaría personal del presidente

Jefa de la Secretaría del Presidente del Gobierno

Gertrudis Alcázar Jiménez

Madrid, 22 de abril de 2008

Sr. D. Amadeo Martínez Inglés

Estimado señor:

Con estas líneas acuso recibo de la carta que dirigía al Presidente del Gobierno con fecha 4 de abril, así como de la documentación que igualmente acompañaba.

Cordialmente

 Fdo: Gertrudis Alcázar Jiménez



050808 - Amadeo Martínez Inglés

Un coronel del Ejército español acusa formalmente a Juan Carlos I de "planificación, coordinación, preparación y ejecución" de golpe de Estado del 23-F

AL Excmo. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la "intentona involucionista del 23-F") en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado...etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, "políticamente incorrecto" escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.

Juan Carlos de Borbón, aceptaba la sucesión de Franco en la Jefatura del Estado a título de rey. 23 de julio de 1969.

Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único "salvador de la democracia y las libertades del pueblo español" puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro ("Juan Carlos I, el último Borbón". Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas... que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:

1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.

2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.

3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.

4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait...).

5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.

6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos, que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.

En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente, que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.

De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales...) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han "callado y otorgado".

En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:

1º.- La llamada durante años "intentona involucionista del 23-F" y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches...) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en "Villa Giralda" (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquel luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.

Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.

Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquel que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.

Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su "juez estrella" Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada "guerra sucia" contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.

Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.

España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.

Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008


Artículo original publicado el 3 de agosto de 2008

Amadeo Martínez Inglés: Ex militar español. Expresar sus opiniones en voz alta le salió muy caro. Este coronel del Estado Mayor fue apartado del servicio activo por una falta de disciplina y fue recluido cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares. ¿Su falta? Cuestionar, allá por 1990, el servicio militar obligatorio y proponer públicamente la creación de un Ejército profesional. Desde entonces su voz no ha dejado de sonar en España. Da conferencias, participa en foros, y escribe sobre "la cada vez más necesaria y urgente transformación de la Institución castrense española". Cada libro publicado suscita una nueva polémica.

Amadeo Martínez Inglés - Wikipedia

Amadeo Martínez Inglés (En la foto de la derecha, durante una manifestación por la paz en el 2004) nació en Zaragoza, España, en 1936. Es un militar en la reserva, historiador y escritor español. Durante más de cuarenta años sirvió en el Ejército de Tierra español, llegando al rango de coronel del Estado Mayor en 1987.

En 1953 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Es veterano de la Guerra de Ifni entre octubre de 1957 y abril de 1958, ya con el grado de teniente, dirigiendo la Sección de Asalto del Batallón Tetuán nº 14 de Castellón. Por su labor en esta guerra fue propuesto para la concesión de la Medalla al Mérito Militar.

En 1969 se diplomó en Estado Mayor, siendo destinado durante varios años a la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista y a las Tropas Nómadas del Sahara. También obtuvo la diplomatura de Estado Mayor por la Escuela de Guerra de Argentina y las especialidades en Estados Mayores Conjuntos, carros de combate, paracaidismo militar, unidades motorizadas, operaciones aerotácticas y fotointerpretación aérea.

A lo largo de sus años al servicio del Ejército, sobre todo durante la Transición Española, ocupó varios cargos de importancia dentro del Ejército tales como el de Jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército y el de Jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Zaragoza, a la vez que profesor de Historia Militar en la Escuela de Oficiales del Estado Mayor.

En 1990 fue apartado por una falta de disciplina del servicio activo e ingresado cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares por abogar en su libro España indefensa (Ediciones B, 1989) por la necesidad de un Ejército profesional y de suprimir el servicio militar obligatorio.

Ya en la reserva, en 1995 se presentó a las elecciones municipales en Alcalá de Henares con el partido Acción Local, a la vez que asesoraba en temas militares a Izquierda Unida, escribía regularmente artículos para El Mundo y participaba en las tertulias de programas en la cadena COPE.

Durante los años 2000 fue protagonista de varios hechos polémicos. Muy crítico con la invasión de Iraq en 2003,protagonizó una polémica al manifestarse con uniforme militar el 15 de mayo de 2003, hecho por el que fue llevado a juicio, en el cual fue absuelto. Otra polémica la protagonizó el 22 de mayo de 2004 cuando logró colarse con su traje militar y con un arma en la guerrera en la catedral de la Almudena de Madrid durante la boda de Felipe de Borbón y Grecia con Letizia Ortiz de con el fin de denunciar los fallos de seguridad del acto.

Su obra literaria se compone de varios ensayos en los que critica los entresijos en los que han estado, están, vinculadas las acciones del Ejército español, basándose en el conocimiento que ha adquirido después de tener acceso a los archivos secretos y a las informaciones reservadas del Ejército de Tierra. En 2001 publicó 23-F. El golpe que nunca existió (Foca, 2001), un polémico libro sobre el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en el cual pone de manifiesto la participación interesada del Rey y de las principales fuerzas políticas y militares del momento en el intento de Golpe. En febrero de 2008 publicó otra polémica obra sobre la figura del Rey Juan Carlos, Juan Carlos I, el último Borbón (Styria, 2008),en la que critica profundamente su forma de llegar a la Jefatura de Estado, su poder fáctico real y su oculta vida privada.

Obras publicadas

* España indefensa, Ediciones B, 1989;
* Mi lucha por un ejército profesional, Ediciones B, 1992;
* La transición vigilada, Ediciones Temas de Hoy, 1994;
* 23-F. El golpe que nunca existió, Foca Ediciones y Distribuiciones Genersles, 2001;
* El ejército español : de poder fáctico a "ONG humanitaria", Status Ediciones, 2004;
* Juan Carlos I, el último Borbón. Las mentiras de la monarquía española, Styria de Ediciones y Publicaciones, 2008.

Fuente: http://www.avizora.com/atajo/informes/espana_textos/0015_grave_acusacion_contra_rey_juan_carlos_golpista.homicida.htm